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Antes de ser presidenta del Instituto de Género Sapa Kippa y reconocerse activista abolicionista, Alika Kinán fue víctima de trata con fines de explotación sexual. La historia de vida de una mujer que atravesó un largo camino de violencias hasta reconocerse como víctima y protagonizar un caso inédito: demandar a un estado provincial por su ineficacia en la lucha contra la trata de personas.

La noche que allanaron la whiskería, Alika Kinán no podía dormir. El trabajo nocturno había trastocado sus hábitos y veía tele con una compañera cordobesa mientras pensaba qué somnífero tomar. La vivienda quedaba justo encima del local, por eso cuando la música paró de repente supieron que algo andaba mal. Al comienzo creyeron que se trataba de un robo o un control municipal pero, al mirar por la ventana, vieron camionetas de gendarmería y, por un minuto, planearon saltar por la ventana. Sentían que estaban cometiendo un delito, nunca pensaron que se trataba de un rescate.

“Las mujeres siguen pagando el 50% de los recaudado a los proxenetas”

Viviana Caminos es presidenta de la Red Alto al Tráfico y la Trata –RATT y, desde hace pocos años, también directora del Programa de Rescate y Acompañamiento a Personas Damnificadas por el Delito de Trata del Ministerio de Justicia de la Provincia de Buenos Aires. Desde ese doble rol analiza el funcionamiento de la Ley de Trata reformada a fines del 2012 y las características actuales del delito: la mayoría de las víctimas con fines de explotación sexual son mujeres mayores de edad y, un porcentaje más bajo, menores de edad y mujeres trans; los lugares de reclutamiento continúan siendo las provincias del norte -Misiones, Chaco, Formosa, Corrientes y Salta-, de donde son trasladadas para ser explotadas en Buenos Aires, Córdoba y el sur del país; las extranjeras provienen fundamentalmente de Paraguay y República Dominicana, y algunas de Colombia y Brasil. También desmitifica la existencia de cooperativas de prostitutas: “Siempre existe el jefe de calle o el proxeneta, y ellas siguen pagando el 50% de lo recaudado”.

“En la mayoría de los casos, las personas no se consideran víctimas”

Cecilia Merchán y Melisa Elberling

Cecilia Merchán y Melisa Elberling son, respectivamente, coordinadora e integrante del Comité Ejecutivo de Lucha Contra la Trata y Explotación de Personas. En esta nota hacen un balance de la actuación de ese organismo desde su creación a fines del 2012 y de las fortalezas y debilidades de las políticas públicas sobre trata de personas en Argentina: hay asistencia, protocolos de atención y programas de reinserción laboral, sin embargo no son suficientes o falta articulación, además de las particularidades de un país federal. Y por detrás, la violencia simbólica de un sistema social, político y cultural que sigue considerando a las mujeres objeto de consumo.

"La figura del captador casi está eliminada

Vanesa Lorenzetti -coordinadora del Equipo Técnico del Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación- se refiere en esta nota a cómo se modificó el rescate y la atención de víctimas de trata sexual después de la reforma de la Ley de Trata, en 2012; cuáles son las características hoy de esta población -entre dieciséis y treinta años, por lo general jóvenes sostenes de hogar a quienes la situación de vulnerabilidad llevó a encontrar en la explotación sexual una alternativa económica-; y las formas actuales de captación: desapareció el tratante y en su lugar se presentan varones protectores dispuestos a ayudar en situaciones de vulnerabilidad y con estudios previos de las víctimas fundamentalmente a través de redes sociales.